El caso de la colonia Guahory, en el departamento de Caaguazú, se va convirtiendo en una “bomba de tiempo”, al decir del fiscal departamental Alejandrino Rodríguez, quien sostiene que no se está dimensionando correctamente la magnitud de ese problema. Por su parte, uno de los colonos afectados ya advirtió que, si no hay solución cuanto antes, tendrá que “correr sangre”. Es decir, allí existen todos los condimentos para un estallido violento.

El titular del Indert sugiere una de las famosas e inútiles “cumbres de Poderes” para buscar solución al problema de tierras. “Si no se hace esta cumbre, cada juez se va a expedir de manera distinta y no podremos cerrar este capítulo”, dijo. Entendemos que el presidente Cartes o el titular del Congreso no pueden ordenar a los jueces que actúen correctamente. El problema principal, entonces, radica en nuestra corrupta Justicia. Esos jueces, que según el titular del Indert se expiden de cualquier manera, deben ser apartados de sus cargos por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y recibir la sanción que se merecen. Mientras nuestra Justicia no sea saneada y continúe siendo un apéndice de la política, seguirá generando caos y violencia.

La colonia Guahory fue creada hace 25 o 30 años por el entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), que a partir del 2004 se transformó en lo que hoy es el Indert. Es una de las tres colonias creadas en el distrito de Tembiaporã, departamento de Caaguazú, un lugar privilegiado que está rodeado por el río Yguazú.

Una de las colonias es San Sebastián. Cuenta con 96 lotes y 1.045 hectáreas, de las que están en conflicto 263; la otra es la colonia Guahory, con 102 lotes y 1.300 hectáreas, con 326 en litigio, y la tercera es la colonia Santa Silvia, de 183 hectáreas, sin litigio alguno. Del total de 198 lotes que conforman las dos primeras colonias citadas, unos 40 lotes estarían en condiciones de ser recuperados por el Indert, pero como son 200 las familias campesinas que reclaman esas tierras, se ha creado un problema que, al parecer, está en vías de solución por el camino del diálogo y la negociación entre las partes, pero que se complica deliberadamente con la intervención de activistas políticos, de conocidos perfiles en la agitación, además de algunos religiosos, que actúan como operadores que buscan sacar ventajas antes que encontrar soluciones.

El conflicto saltó a raíz de la divulgación por las redes sociales de una desprolija intervención fiscal y policial que, en términos jurídicos, se conoce como una “acción conjunta para casos de hechos punibles por invasión de inmueble ajeno”, diferente de la figura del desalojo propiamente dicho. No fue la primera vez, ya que en el 2014 se produjo la misma situación, y desde entonces los colonos brasileños y sus descendientes, que habitan esos lugares desde la década de 1980, ya no hallan tranquilidad para cultivar como lo venían haciendo en años anteriores.

Los campesinos paraguayos alegan estar asentados en la zona desde hace 30 años y buscan que el Gobierno expropie a su favor parte de estas tierras, agregando a las mismas 150 hectáreas de la empresa Montenegro SA. La propuesta del Indert es ubicar a las primeras familias en los 25 a 40 lotes recuperables por razones de irregular adjudicación, y al resto de las 200 en un terreno a ser adquirido para el efecto.

Sin embargo, los potenciales beneficiarios, apoyados por sus padrinos políticos y los intervinientes religiosos, ya adelantan que no permitirán que se los reubique en otro lugar, y advierten que no reconocerán las ventas de los anteriores beneficiarios de sus respectivas derecheras.

Gran parte de la responsabilidad de lo que está ocurriendo en Guahory y San Sebastián la tiene el funcionario del Indert de la zona, Armando Díaz Solís, dueño de 100 hectáreas, a quien, extrañamente, los políticos y religiosos no molestan a pesar del tamaño del inmueble que ocupa, y de haber adjudicado sendas parcelas a su madre, a su hermano y a su exesposa. Esta última, además de las 10 hectáreas a que accedió –al igual que sus demás parientes–, contaba con 19 hectáreas que vendió a un colono brasileño o descendiente del mismo.

El Indert reconoció en conferencia de prensa que se violó la ley al titular algunos lotes en forma irregular por haber sido revendidos antes de diez años de adjudicación, y que los poseedores iniciales no tuvieron el cuidado de construir viviendas en sus predios. Pero el ente agrario refutó la versión de los campesinos de que se encuentran viviendo en el lugar desde hace 30 años, porque, según las tomas satelitales del lugar realizadas hasta 2014, los lugares reclamados estaban desocupados.

En cuanto al cuestionado funcionario, que tiene una pequeña estancia en la colonia e influyó para que sus parientes irregularmente accedieran a parcelas de tierras en el lugar, además de permitir que su exesposa tuviera dos adjudicaciones que vendió a personas que no reúnen las condiciones para ser beneficiarias de la reforma agraria, el Indert se limitó a explicar que todo lo sucedido, incluida la contratación del citado funcionario infiel, corresponde a administraciones anteriores, como si la responsabilidad de los funcionarios frente a la ley dependiera de que el delito, la corrupción o la irregularidad tuvieran que ver con quién estaba al frente de la institución y no con lo que dice la ley al respecto.

Mientras tanto, la situación, ya conocida simplemente como el “Caso Guahory”, tal como aconteció en su tiempo con el “Caso Curuguaty”, se va convirtiendo en una “bomba de tiempo”, al decir del fiscal departamental Alejandrino Rodríguez, quien sostiene que no se está dimensionando correctamente la magnitud del problema y que existe la impresión de que a nadie le importa lo que pueda ocurrir. Todo esto a pesar del precario acuerdo al que llegaron los involucrados en el asunto.

Por su parte, uno de los colonos afectados ya advirtió que, si no hay solución cuanto antes, tendrá que “correr sangre”, ya que la única alternativa que tienen es entrar a cosechar con personal armado con instrucciones de responder en caso de ataque. Hasta el momento hay personas imputadas, destrucción de viviendas precarias, maltratos durante los procedimientos, quema de cultivos, disparos y amenazas de acciones violentas de ambas partes. Es decir, todos los condimentos para un estallido violento que puede empujar de nuevo al país a un escenario no deseado por nadie. Mientras más largas se den al asunto, más oportunidad encontrarán los agitadores para pescar en río revuelto.

El titular del Indert sugiere una de las famosas e inútiles “cumbres de Poderes” para buscar solución al problema de tierras. “Si no se hace esta cumbre, cada juez se va a expedir de manera distinta y no podremos cerrar este capítulo”, expresó el funcionario.

Entendemos que el presidente Horacio Cartes o el titular del Congreso no pueden ordenar a los jueces que actúen correctamente. El problema principal, entonces, radica en nuestra corrupta Justicia. Esos jueces, que según Cárdenas se expiden de cualquier manera, deben ser apartados de sus cargos por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y recibir la sanción que se merecen. Mientras nuestra Justicia no sea saneada y continúe siendo un apéndice de la política, seguirá generando caos y violencia.

FUENTE: ABC DIGITAL

 
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