El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y Vía Campesina, con apoyo de Diakonía, denunciaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una serie de casos de violación de derechos humanos contra campesinos en Paraguay, entre ellos, el de Guahory. La presentación tuvo lugar durante la audiencia temática en el marco del 162º Periodo de Sesiones de la CIDH, que se desarrolla en Buenos Aires, Argentina.

La audiencia de la delegación paraguaya con los miembros de la CIDH tuvo una hora de duración, y en ella denunciaron puntualmente casos paradigmáticos, como la disputa por las tierras de Guahory, en el Departamento de Caaguazú; la persecución contra los miembros del asentamiento San Juan; los casos contra Jorge Mercado, Cecilia Acosta Zacarías y Pablo Valiente, según detalla el informe realizado por la Inecip.

La exposición estuvo a cargo del director ejecutivo del Inecip, Juan Martens; Adrián Vázquez, en representación de la Federación Nacional Campesina (FNC); y Verónica García, de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT).

persecución. Dichos representantes manifestaron ante la CIDH que el Estado paraguayo viene sosteniendo patrones de persecución contra los dirigentes campesinos y campesinas, que se traducen principalmente en procesamientos penales arbitrarios y represiones.

Acerca del puntual caso de Guahory, explicaron que se trata de una comunidad campesina ubicada en el distrito de Tembiaporâ, Caaguazú, fundada en la década de los 90, y que a partir de entonces viene sufriendo un ataque sistemático por parte de grupos de poder que buscan apropiarse del territorio para la explotación de cultivos de soja a grandes escalas.

“Las familias campesinas fueron víctimas de violentos desalojos. En febrero de 2015, el procedimiento irregular fue llevado adelante por el Ministerio Público y 400 policías. Fueron imputados 150 campesinos”, expresaron, agregando que el operativo contó con el apoyo de los brasiguayos y que fueron destruidas viviendas y cultivos de los pobladores.

Indicaron que en setiembre de 2016, nuevamente se llevó a cabo otro procedimiento de desalojo en el lugar, con el apoyo de unos 1.200 policías y sin la orden de un juez competente.

“Esta vez, fueron expulsadas 200 familias cuyas pertenencias fueron totalmente destruidas. Posteriormente, el 27 de diciembre de 2016 y el 3 de febrero de 2017, se producen otros dos desalojos, en los que hubo violenta represión contra los miembros de la comunidad donde la respuesta estatal al conflicto fue el uso abusivo de la fuerza”, denunciaron los representantes.

Los casos de persecución judicial a dirigentes de las organizaciones campesinas también fueron expuestos en la audiencia, donde los integrantes de la delegación paraguaya detallaron las irregularidades cometidas y la falta de garantías procesales.

FUENTE: ULTIMAHORA.COM

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