La promesa de que esta semana irá hasta la ciudad de Caaguazú, en el quinto departamento, una comitiva de la Secretaría Nacional de Cultura para verificar el avance de una obra no autorizada, recibieron los miembros de la Comisión de Defensa de la plaza Bartolomé Aquino, donde la Gobernación construye un anfiteatro a pesar de la resistencia de algunos vecinos.

La comisión llegó hasta la ministra de Cultura, Mabel Causarano, ante quien nuevamente realizaron la denuncia de que a pesar de un amparo judicial que prohíbe innovar, la Gobernación de Caaguazú conjuntamente con la Comuna local decidieron iniciar las obras en la plaza que el grupo de vecinos consideran, atentan contra el patrimonio público.

Es un problema de larga data y en febrero del 2014 la Secretaría de Cultura resolvió que la plaza es un patrimonio cultural e histórico. Sin embargo, otra disposición de la misma repartición del Estado señaló que no puede inmiscuirse en la toma de decisiones de la Comuna de Caaguazú ni de la Gobernación, aunque pidió respetar la Ley 946 de Patrimonios Culturales.

Con base en esta determinación, tanto la Gobernación como la Municipalidad decidieron reiniciar las obras para la construcción del teatro en medio de la tradicional plaza de Caaguazú.

Hoy los denunciantes señalan que ya se removió la tierra y están preparando el cimiento, a pesar de que el amparo judicial nunca se levantó.

Pidieron a Causarano atender el reclamo e incluso señalaron que utilizarán hasta el último recurso para evitar que la plaza sea destruida.

Estuvieron en Asunción los integrantes de la comisión Alfredo Cañiza, Julio Florentín, Jhon Samiego, Hilda Montiel, María Luisa Roa y Ariel Miranda, en representación del estamento estudiantil.

Señalaron que están dispuestos a denunciar a Causarano por mal desempeño en sus funciones si permite que continúe la obra que es defendida por otro sector de la sociedad de Caaguazú.

Fiscalía. Estas personas también fueron a la Fiscalía General, donde solicitaron que sea intervenida la Fiscalía de la Unidad Penal número 1 de Caaguazú, a cargo de Erico Ávalos, donde ahora se encuentra la denuncia contra la obra. Inicialmente se había presentado en el año 2012 ante la fiscala Rosa Talavera. El juez Juan Carlos Pane Cheli es el que atiende el caso.

La obra demandará una inversión superior a los 4.000 millones de guaraníes y está a cargo de la empresa Villalba Peñeiro SA, que ya habría recibido el 40 por ciento del costo total del trabajo.

Fuente: ABC DIGITAL

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